Durante 2015 murieron en todo el país 337 funcionarios de cuerpos de seguridad y escoltas civiles como consecuencia de hechos de violencia criminal.
Registros preliminares de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) indican que la frecuencia de muertes violentas en este sector se mantuvo con respecto a 2014, cuando fueron totalizados 338 casos.
74% de los funcionarios y espalderos murió mientras estaba en su tiempo libre, explicó la portavoz de la asociación Donnagee Sandoval. Aclaró, sin embargo, que la cantidad de agentes muertos en el cumplimiento del deber va en aumento. Un ejemplo fue el último caso reportado el año pasado. La víctima fue el oficial jefe de la Policía del estado Bolívar Javier Jesús Ostos Molina, de 33 años de edad. Lo mataron el 31 de diciembre durante un enfrentamiento en el sector El Perú de Ciudad Bolívar. Su cadáver tenía más de 10 impactos de proyectiles.
Desde 2013 Fundepro lleva un registro de los funcionarios de seguridad y escoltas ultimados en el ejercicio de sus deberes o cuando son víctimas de la criminalidad. Aunque el informe correspondiente a 2015 aún está en fase de elaboración, Sandoval indicó que el año pasado hubo muchos agentes sorprendidos mientras estaban en su tiempo laboral para robarles las armas de reglamento.
“Como saben que llevan chalecos les disparan en la cabeza”, indicó.
Un caso emblemático fue el de la oficial de la Policía del municipio Sucre Osmary Tabares. A la mujer de 27 años de edad la mataron el 14 de abril mientras vigilaba el tránsito al final de la avenida Sucre de Los Dos Caminos. Le dispararon a muy corta distancia. Su compañero de faena también fue sorprendido por el ataque, y según muestra un video del episodio no lo mataron pues el arma de uno de los antisociales se encasquilló. A pesar de eso lo golpearon fuertemente.
Quejas en el olvido. Cuando atacaron a Tabares la cuenta de funcionarios muertos rebasaba los 45 casos, solamente en Distrito Capital. El siguiente fin de semana hubo una manifestación de agentes de policías preventivas para llamar la atención sobre el problema. Enviaron una carta al entonces comisionado para la Revolución Policial Freddy Bernal, así como a la Asamblea Nacional, exigiendo el endurecimiento de las penas a quienes atacaran a agentes uniformados, mejoras salariales y en las pólizas de seguros, y la asignación por ley de pensiones a los familiares de los policías caídos en el ejercicio de sus funciones.
La carta no tuvo respuesta.
En Venezuela, los funcionarios policiales no pueden sindicalizarse. Tampoco pueden participar en manifestaciones ni dirigir peticiones colectivas. Según Sandoval, estas condiciones han ocasionado un desinterés en el tema, incluso dentro de los mismos cuerpos de seguridad.
Al igual que en años anteriores, en 2015 la PNB tuvo la mayor cantidad de muertos, con 46. La GNB perdió 35 efectivos y la policía judicial, 31. Entre los cuerpos preventivos destaca la cifra de 23 agentes de la Policía de Aragua, muertos el año pasado.
Según Sandoval, es necesario revisar los procesos de formación y selección de los nuevos agentes de la Policía Nacional para explicar tan alta cifra. Así mismo, los entornos socioeconómicos donde se desenvuelven. Uno de los casos que llamó la atención fue el del oficial Richard Torín, cuyo cadáver fue quemado por supuestos miembros de una banda en la Cota 905 el 16 de diciembre. Otro caso fue el del oficial Carlos Alejandro Godoy, golpeado y acuchillado por miembros de un grupo hamponil a los que él aparentemente conocía en los Valles del Tuy. El video tomado por uno de los atacantes cuando lo acuchillaba fue divulgado a través de las redes sociales el 6 de noviembre.
Meses sangrientos. En 2015 enero fue el mes con más homicidios de policías y guardaespaldas. Fueron 45, dos más que el total de octubre. Curiosamente, estos fueron los dos meses en los que hubo más muertes de uniformados durante 2014.
Sandoval aclaró que los 23 escoltas muertos fueron profesionales de la seguridad privada. Cuando el guardaespaldas era funcionario de alguna policía o cuerpo militar fue incorporado en los totales de agentes activos.
En 2015 murieron por actos de violencia criminal 63 militares activos.
El Dato: El director de la Policía de Miranda, Elisio Guzmán, indicó que la reciente reforma al Estatuto de la Función Policial, emitida el 30 de diciembre, refleja la “indiferencia” del gobierno hacia el asunto de la seguridad ciudadana. “Hay que brindar mayor seguridad económica, social y de salud, tanto a los efectivos como a sus familiares, porque estamos a merced de una delincuencia que está mejor armada que nosotros”, dijo. Advirtió que el texto resta atribuciones a los gobiernos regionales y municipales y no garantiza una atención diligente cuando el uniformado resulte herido.
Con información de: El Nacional
